Avanza el proyecto de modificación del Estatuto de la UNLaR
La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) avanza en un proceso clave de actualización institucional tras la elaboración de un proyecto de modificación de su estatuto fundamental. Esta propuesta fue desarrollada por la Comisión Ad-Hoc creada bajo la Resolución del Consejo Superior N° 372/2026, con el propósito de adecuar los lineamientos normativos de la casa de altos estudios.
El documento ratifica en sus primeros apartados los principios rectores de la institución, definiendo a la UNLaR como una universidad pública, gratuita y laica de educación superior, que funciona bajo el amparo de la autonomía otorgada por la Constitución Nacional y en adhesión a la Ley de Educación Superior. Asimismo, el proyecto conceptualiza a la educación superior como un derecho humano, un bien público social y un deber fundamental del Estado, el cual debe garantizar la gratuidad en las carreras de grado y pregrado, así como el acceso y permanencia de los ciudadanos en igualdad de condiciones. La comunidad universitaria queda formalmente integrada por cuatro estamentos diferenciados: docentes, no docentes, estudiantes y graduados.
En materia de organización académica, la propuesta ratifica la estructura matricial basada en departamentos académicos y unidades equivalentes. Los departamentos detallados en el proyecto abarcan áreas críticas del conocimiento y la formación profesional: Ciencias de la Salud; Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas; Ciencias y Tecnologías Aplicadas a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo; y Ciencias Humanas y de la Educación.
Un aspecto central del estatuto es la reafirmación del despliegue territorial de la universidad en el interior de la provincia de La Rioja. Para ello, se contempla la gestión de las sedes regionales ubicadas en las localidades de Chamical, Villa Unión, Aimogasta y Santa Rita de Catuna , articulando sus actividades de docencia, investigación y extensión en coordinación directa con las políticas fijadas por la sede central y los departamentos correspondientes. Adicionalmente, se prevé el funcionamiento de delegaciones universitarias como herramientas de descentralización en localidades donde no existan sedes regionales firmes.
Con respecto al sistema de gobierno, la administración universitaria se distribuye en tres órganos principales: la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y el Rectorado. La Asamblea Universitaria se consolida como el órgano supremo, con plenas facultades para dictar o modificar el estatuto institucional. Por su parte, el Consejo Superior ejerce la jurisdicción superior en lo funcional, académico y científico , sesionando de forma pública y abierta de manera ordinaria al menos una vez al mes entre los meses de febrero y diciembre.
Como innovación en los derechos de participación, el proyecto incorpora formalmente los mecanismos de iniciativa ciudadana universitaria y consulta ciudadana. Mediante esta vía, los integrantes de la comunidad académica pueden presentar proyectos de ordenanzas y resoluciones ante el Consejo Superior, estableciéndose como límite que no se podrá exigir más del tres por ciento del padrón universitario para dar curso a su tratamiento. No obstante, quedan expresamente excluidos de la iniciativa ciudadana los proyectos vinculados a reformas estatutarias, presupuestos, convenios internacionales o disposición del patrimonio institucional.
Fuente: UNLAR
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