La Academia Nacional de Periodismo advierte: «A la cantidad de insultos del Presidente, se suma una amenaza de muerte»
La entidad recopiló agravios contra periodistas entre enero y octubre de 2026 y alertó sobre el impacto de la violencia institucional en la democracia. ADEPA también rechazó los ataques de Javier Milei a medios y profesionales durante la cena de la Fundación Faro.
La continua agresión del presidente Javier Milei contra el periodismo sumó este fin de semana nuevos capítulos, rechazados por instituciones vinculadas a la prensa. La Academia Nacional de Periodismo publicó un artículo en el que recopila las expresiones dirigidas contra trabajadores de prensa durante los primeros diez meses de 2026 y advirtió que a los agravios reiterados se sumó una directa «amenaza de muerte». En paralelo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó los nuevos ataques del mandatario contra periodistas y medios.
La advertencia de la Academia
Bajo el título «La violencia institucional afecta a la democracia», la Academia Nacional de Periodismo difundió un mensaje que contabiliza las expresiones y publicaciones contra periodistas entre enero y octubre de 2026. El material, que consigna la cifra de 862, alerta sobre la cantidad y gravedad de los agravios y señala que a los insultos del Presidente se sumó una amenaza de muerte.
El episodio que motivó la advertencia ocurrió cuando el Mandatario, en un discurso en la Fundación Faro, señaló en alusión a los periodistas que «los hijos de put* se tienen que quemar en la hoguera».
La recopilación busca poner en perspectiva la sucesión de agresiones verbales registradas en ese período y advertir sobre el clima en el que trabajan los profesionales de la comunicación. La entidad enmarca el problema en una cuestión que excede las diferencias entre el Gobierno y determinados medios: el impacto de la violencia institucional sobre la democracia.
El planteo adquiere relevancia por la posición de quien emite los mensajes. Las expresiones de un presidente tienen una repercusión pública distinta de la de cualquier otro usuario de redes sociales, tanto por la autoridad que representa como por la capacidad de sus publicaciones para instalar temas y profundizar enfrentamientos.
En ese sentido, los ataques contra periodistas abren una discusión sobre los límites del discurso público y la responsabilidad de los funcionarios. Las críticas a una cobertura, una investigación o una opinión forman parte del debate democrático, pero las descalificaciones personales y las expresiones violentas plantean un escenario diferente cuando provienen de quienes ejercen responsabilidades institucionales.
El rechazo de ADEPA
ADEPA cuestionó los ataques de Javier Milei contra periodistas y medios durante la cena de la Fundación Faro. El pronunciamiento se refirió a las descalificaciones dirigidas contra profesionales y organizaciones periodísticas que cubrieron el caso $LIBRA, una investigación por la que el Presidente fue sobreseído judicialmente.
La asociación sostuvo que los nuevos agravios se suman a una escalada de las últimas semanas, que ya había sido objeto de advertencias de la organización. «La réplica, la refutación y la aclaración nunca deberían ser reemplazadas por el insulto y el agravio en una sociedad democrática que tolera el disenso y la crítica», expresó la entidad en su cuenta oficial de X.
La declaración puso el acento en la diferencia entre discutir el contenido de una información y descalificar a quienes la producen. Los funcionarios pueden cuestionar publicaciones, refutar datos y responder a investigaciones, pero esa discusión requiere argumentos y no debería transformarse en una sucesión de ataques personales.
Un contexto de tensión sostenida
Los pronunciamientos coincidieron en señalar la gravedad de las agresiones contra trabajadores de prensa, aunque a través de materiales diferentes: una recopilación de expresiones registradas durante varios meses y un rechazo puntual a los agravios pronunciados durante una actividad pública.
El artículo de la Academia pone el foco en la reiteración de insultos y la alusión a la violencia, mientras que ADEPA cuestiona que el intercambio entre el poder político y los medios quede desplazado por las descalificaciones.
La discusión también involucra el papel de los periodistas en el sistema democrático. La cobertura de las decisiones gubernamentales, la investigación de posibles irregularidades y la formulación de preguntas a los funcionarios son parte de la tarea de control que ejerce la prensa. Por eso, las tensiones entre gobiernos y medios no se limitan a una disputa entre actores políticos y empresas periodísticas: también involucran el derecho de la sociedad a acceder a información