Argentina endurece postura respecto a Las Malvinas
El Poder Ejecutivo Nacional endureció su postura respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas y lanzó un severo llamado de atención al sector privado internacional. Tras los anuncios formulados en cadena nacional por el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno confirmó el respaldo diplomático del gobierno de Chile y ratificó que aquellas empresas petroleras y proveedoras que presten servicios o mantengan operaciones en el archipiélago sin autorización argentina serán excluidas de proyectos energéticos estratégicos en el país, incluyendo la formación Vaca Muerta.
En declaraciones radiales, el titular de la Cancillería brindó precisiones sobre el paquete de medidas destinado a frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion —encabezado por las firmas Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum—. El funcionario remarcó que las compañías dedicadas a la actividad hidrocarburífera, así como sus proveedoras de servicios financieros, logísticos y de seguros, deberán optar entre operar en una zona en disputa bajo un marco de legalidad incierta o participar en las oportunidades de inversión a largo plazo que ofrece el mercado argentino.
Como parte del esquema de presión legal y diplomático, el Gobierno oficializó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para agilizar las sanciones contempladas en la Ley 26.659. La normativa incorpora una cláusula específica para las inversiones que pretendan acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), exigiendo a las empresas una declaración jurada que garantice el no incumplimiento de la legislación argentina sobre territorios disputados.
En el plano diplomático regional, Quirno aseguró que Chile no prestará apoyo logístico a las operaciones en las islas y aclaró que las medidas implementadas no afectan el vínculo bilateral con Israel, país al que ya se notificó formalmente sobre la situación. Asimismo, el Palacio San Martín remitió 180 notas diplomáticas a 29 naciones para advertir sobre las eventuales penalidades a las contratistas vinculadas a las empresas ya sancionadas.
Por último, la estrategia estatal contempla el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para incrementar las penas y la asignación de partidas presupuestarias al Ministerio de Defensa destinadas a la reactivación de las obras en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, fortaleciendo la presencia institucional y el control en el Atlántico Sur.
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