La Rioja: secuestraron $170 millones y 100 tarjetas en un operativo contra la usura

Un allanamiento realizado en el barrio María Augusta terminó con la detención de un hombre de apellido Pintos y el secuestro de una importante cantidad de dinero, tarjetas de débito y documentación que podría resultar clave para determinar el alcance de una presunta red de préstamos abusivos.

El procedimiento se concretó en el marco de una investigación que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 2, a cargo del juez Daniel Barría. El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, brindó detalles del operativo y destacó la magnitud de los elementos encontrados.

“Se secuestraron $170 millones, 100 tarjetas de débito de distintas entidades bancarias y documentación”, señaló Zárate.

Según explicó el funcionario, una de las modalidades que se investiga consiste en retener las tarjetas de débito de las personas que solicitan préstamos, para disponer directamente de sus ingresos. En el caso que dio origen a la investigación, una empleada pública habría quedado obligada a entregar entre el 90% y el 95% de su salario.

El ministro también advirtió sobre otra práctica vinculada a este tipo de operatorias: la utilización de pagarés en blanco, que posteriormente podrían ser empleados para iniciar ejecuciones judiciales sobre bienes o salarios de las víctimas.

Zárate sostuvo que durante años muchas situaciones de estas características fueron consideradas conflictos de naturaleza civil y terminaron archivadas. En ese sentido, reclamó un cambio de criterio para abordar estas situaciones cuando existan elementos que permitan configurar un delito penal.

Cuatro o cinco denuncias por día

La dimensión del problema, según los datos aportados por el ministro, podría ser considerablemente mayor. Zárate reveló que el área de Delitos Económicos de la Policía de La Rioja recibe actualmente entre cuatro y cinco denuncias diarias vinculadas con préstamos abusivos.

La retención de tarjetas, los intereses excesivos, las amenazas y las distintas formas de presión económica aparecen, según el funcionario, entre las modalidades que son analizadas para determinar si existe el delito de usura.

La incautación de un centenar de tarjetas durante un procedimiento iniciado a partir de la denuncia de una sola persona abrió, además, un interrogante sobre la posible existencia de más damnificados.

Por ello, Zárate insistió en la importancia de denunciar y alentó a quienes atraviesen situaciones similares a acudir a la Justicia o a las fuerzas de seguridad.

“Es importante que los ciudadanos se animen a denunciar este tipo de delitos”, remarcó.

El ministro cerró con una definición contundente dirigida a quienes desarrollen este tipo de actividades ilegales: “Si una persona los denuncia, los vamos a ir a buscar”.

La investigación continúa y será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales correspondientes y el verdadero alcance de la operatoria investigada.

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