La Rioja suspende por 180 días las ejecuciones prendarias para dar margen a los deudores

La medida establece una pausa de seis meses para que quienes atraviesan dificultades económicas puedan negociar con sus acreedores y evitar la pérdida inmediata de bienes afectados por una prenda.

En La Rioja, una nueva ley suspende durante 180 días las ejecuciones prendarias, con el objetivo de generar un período de negociación entre deudores y acreedores frente al creciente nivel de endeudamiento de las familias.

La iniciativa surgió a partir de una preocupación planteada por el gobernador Ricardo Quintela y fue impulsada legislativamente por la diputada provincial Lourdes Ortiz, del bloque Justicialista.

La legisladora explicó que la norma no constituye un programa de desendeudamiento ni modifica las obligaciones asumidas originalmente. La herramienta establece una suspensión temporal de las ejecuciones, buscando evitar que las personas pierdan de manera inmediata los bienes entregados como garantía.

“Lo que hacemos con esta ley es suspender por 180 días las ejecuciones prendarias”, explicó Ortiz, y señaló que el objetivo es que los deudores puedan construir capacidad de pago y encontrar una alternativa junto a sus acreedores.

Una pausa, no una condonación

Desde el oficialismo provincial remarcaron que la Provincia no puede modificar unilateralmente las condiciones de los contratos ni alterar las deudas existentes.

Por eso, el alcance de la ley es específico: durante seis meses se suspende la posibilidad de ejecutar la prenda, generando un espacio para que las partes puedan negociar una salida.

La intención es alcanzar un equilibrio entre ambas posiciones: que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar, evitando que una dificultad económica coyuntural termine inmediatamente con la pérdida del bien comprometido.

El endeudamiento familiar, en el centro del debate

Ortiz vinculó la medida con el escenario económico que atraviesan numerosas familias. Según planteó, una parte importante del endeudamiento actual no responde a consumos suntuarios, sino a la necesidad de financiar alimentos, servicios, gastos familiares y otras necesidades básicas.

La diputada sostuvo que el nivel de endeudamiento de los hogares alcanzó dimensiones extraordinarias y que muchas familias recurren cada vez más al crédito para sostener su economía cotidiana.

El fenómeno también alcanza a nuevas modalidades de financiamiento, como los créditos otorgados a través de billeteras virtuales y plataformas digitales, además de mecanismos informales de acceso al dinero, que presentan características diferentes y plantean nuevos desafíos regulatorios.

Seis meses para buscar una salida

La ley no elimina deudas, no condona obligaciones ni modifica los contratos originales. Establece un plazo de 180 días para frenar las ejecuciones prendarias y permitir que las personas endeudadas puedan reorganizar sus compromisos, recuperar capacidad de pago y negociar alternativas con sus acreedores.

La discusión de fondo, sin embargo, excede los seis meses de suspensión: pone nuevamente sobre la mesa qué está llevando a las familias a endeudarse para poder afrontar gastos esenciales y hasta dónde las herramientas provinciales pueden intervenir frente a una problemática económica que también tiene dimensiones nacionales.

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