La Rioja: Donde surge el reclamo limítrofe
La documentación histórica y legislativa respalda la posición de La Rioja en el conflicto limítrofe con San Juan y evidencia que la provincia nunca convalidó la Ley Nacional N° 18.004, dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.
Luego del rechazo expresado por la Cámara de Diputados sanjuanina al planteo impulsado por La Rioja, volvieron a tomar fuerza los antecedentes que sostienen la postura riojana: durante más de cinco décadas, distintos gobiernos y representantes legislativos mantuvieron una posición institucional firme en defensa de los límites históricos provinciales.
La controversia no es nueva. Sus antecedentes se remontan a 1911, cuando representantes de ambas provincias suscribieron un acuerdo por el cual San Juan reconoció el límite histórico derivado de la Real Cédula de 1563, tomando como referencia el paralelo 30° de latitud sur. Ese criterio permaneció sin objeciones durante 57 años.
El conflicto resurgió en 1968, cuando el gobierno militar de Onganía sancionó la Ley Nacional N° 18.004, modificando de manera unilateral los límites interprovinciales sin intervención del Congreso Nacional ni aplicación del procedimiento constitucional previsto para este tipo de disputas.
La Rioja rechazó la norma desde el inicio
La respuesta riojana fue inmediata. En 1974, la Legislatura provincial sancionó la Ley Provincial N° 3.468, mediante la cual rechazó formalmente la normativa nacional y desconoció el acuerdo firmado en 1968 por los interventores militares de ambas provincias.
Ese mismo año, el entonces diputado nacional Raúl Galván presentó en el Congreso un proyecto para derogar la Ley N° 18.004, iniciativa que logró media sanción en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el golpe militar de 1976 interrumpió el proceso legislativo, impidiendo que el Senado completara su tratamiento.
Un reclamo sostenido por décadas
Con el paso de los años, la postura institucional de La Rioja se mantuvo inalterable.
Durante su gestión como gobernador, Carlos Menem dispuso que no se difundieran mapas oficiales que reprodujeran los límites establecidos por la ley de facto, al considerar que no reflejaban la realidad histórica riojana.
Más adelante, ya como senador nacional, Menem volvió a impulsar proyectos para derogar la norma en 2006 y 2010, insistiendo en la invalidez de una ley nacida bajo un régimen militar.
En paralelo, en 2006, los diputados nacionales Adrián Menem, Mario Santander, Alejandra Oviedo y Julio Martínez presentaron el Expediente N° 0314-D-2006, solicitando la derogación de la Ley N° 18.004 por su origen de facto y por afectar derechos territoriales riojanos.
Además, mediante el Expediente N° 0315-D-2006, propusieron la creación de una Comisión Bicameral Especial del Congreso, destinada a reunir antecedentes históricos, jurídicos, geográficos y cartográficos para avanzar hacia una solución definitiva del conflicto.
Estos antecedentes reflejan que la defensa del territorio riojano trascendió gobiernos, ideologías y partidos políticos, consolidándose como una verdadera política de Estado.
El Digesto Jurídico no cerró la discusión
Otro punto central en la argumentación riojana es la situación del Digesto Jurídico Argentino.
Si bien en 2014 la Ley N° 26.939 incorporó la Ley N° 18.004 al Digesto, posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que dicha norma no se encuentra vigente.
Este antecedente, según sostienen los impulsores del proyecto aprobado por la Legislatura riojana, impide considerar consolidada jurídicamente la legislación dictada durante la dictadura y mantiene abierta la discusión sobre los límites interprovinciales.
En consecuencia, se refuerza la necesidad de que el Congreso de la Nación intervenga a través de los mecanismos constitucionales previstos para resolver este tipo de controversias.
Una postura institucional sostenida
Desde esta perspectiva, el proyecto aprobado recientemente por la Cámara de Diputados de La Rioja no implica la creación de un nuevo conflicto ni una modificación unilateral de límites.
La iniciativa ratifica la vigencia de la Ley Provincial N° 3.468, reafirma los derechos territoriales históricos de la provincia, faculta al Poder Ejecutivo a impulsar acciones institucionales ante el Congreso e instruye a la Fiscalía de Estado a promover medidas judiciales para resguardar los recursos naturales existentes en la zona en disputa.
La secuencia histórica resulta contundente: desde 1974 hasta la actualidad, La Rioja sostuvo una misma posición institucional, rechazando la Ley N° 18.004 por su origen de facto y exigiendo que la cuestión limítrofe con San Juan sea resuelta por vías constitucionales, democráticas y federales.
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