Legislatura riojana aprobó ley por el conflicto limítrofe con San Juan
En un tramo de la sesión legislativa, y con la abstención del bloque de La Libertad Avanza, la Legislatura de La Rioja aprobó por mayoría el proyecto de ley que reafirma los derechos de la provincia de La Rioja sobre los territorios históricamente comprendidos dentro de su jurisdicción.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, busca fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales para la defensa de la soberanía riojana en el marco del conflicto limítrofe con la provincia de San Juan.
Entre los fundamentos del proyecto se destaca que la norma nacional dictada durante la última dictadura militar, mediante la Ley N.º 18.004 de 1968, modificó de manera unilateral los límites provinciales sin la intervención del Congreso de la Nación, lo que —según el Ejecutivo— generó un perjuicio territorial para La Rioja.
En ese contexto, el diputado Marcelo Del Moral explicó que el proyecto contempla la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que funcionará en el ámbito de la Legislatura y estará integrada por siete diputados. Además, contará con miembros consultivos provenientes de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.
El debate legislativo generó múltiples intervenciones. La diputada Gabriela Rodríguez remarcó que “se trata de un conflicto histórico; esta herida es fruto de las leyes de la dictadura. Vamos a defender esta causa con rigor jurídico, político y técnico”.
Por su parte, el legislador Yamil Sarruf sostuvo que “debemos mirar hacia adelante y defender lo que le corresponde a La Rioja, otorgando al Gobernador las herramientas necesarias para esa tarea”.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, la diputada Claudia López expresó su disenso al considerar que “no es el modo, la forma ni el medio adecuado para tratar un tema tan sensible como el de los límites provinciales”.
La aprobación de esta norma marca un nuevo capítulo en la histórica disputa territorial entre La Rioja y San Juan, instalando nuevamente en la agenda institucional un reclamo que la provincia considera legítimo y estratégico para la defensa de su integridad territorial.
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