Aulas en crisis: seguridad, ley y el riesgo de excluir sin resolver
La escena se repite con inquietante frecuencia: una amenaza, el miedo que se instala en la comunidad educativa y una respuesta inmediata que busca llevar tranquilidad. Pero en ese intento urgente de contener la incertidumbre, emerge un debate más profundo que incomoda y divide: ¿hasta dónde puede llegar la escuela en nombre de la seguridad sin vulnerar derechos fundamentales?
La reciente implementación de requisas en instituciones educativas vuelve a poner en el centro una discusión que no es nueva, pero sí cada vez más urgente. Para algunos padres, revisar mochilas es una medida necesaria, casi inevitable, frente a un contexto social que perciben como cada vez más hostil. Para otros, en cambio, se trata de una señal alarmante: una escuela que comienza a parecerse más a un espacio de control que a un ámbito de formación.
La pregunta de fondo no es menor. ¿Puede una requisa prevenir la violencia o apenas la posterga? La sensación de seguridad que produce puede ser, en muchos casos, apenas eso: una sensación. Una respuesta visible frente a un problema invisible. Porque detrás de cada episodio de amenaza, de cada conducta disruptiva, hay tramas más complejas que difícilmente se resuelvan abriendo una mochila.
Reducir la problemática a la detección de objetos peligrosos implica, en cierta forma, evitar la discusión de fondo: los vínculos deteriorados, la fragilidad emocional, la falta de contención y, en muchos casos, la ausencia de herramientas institucionales para intervenir de manera temprana y sostenida. La escuela no está diseñada para ser un espacio de vigilancia, sino de construcción. Cuando esa lógica se invierte, el riesgo es mayor al que se intenta prevenir.
En paralelo, otro eje de tensión se instala con fuerza: la imposibilidad legal de expulsar a un alumno. Para muchas familias, la idea de que un estudiante involucrado en un hecho grave continúe dentro del sistema resulta incomprensible. Sin embargo, la normativa argentina es clara: el derecho a la educación es irrenunciable, incluso en los escenarios más complejos.
Lejos de ser una debilidad del sistema, esta perspectiva busca evitar lo que durante años fue una práctica silenciosa: expulsar el conflicto sin resolverlo. La exclusión no elimina el problema, lo traslada. Y muchas veces lo agrava. La escuela, en este marco, se ve obligada a sostener una tensión permanente entre contener y garantizar seguridad, entre incluir y proteger.
Aquí aparece una de las fracturas más evidentes del sistema: la distancia entre lo que la sociedad demanda y lo que la ley permite. Padres que exigen respuestas inmediatas frente al miedo; directivos que deben moverse dentro de márgenes normativos que priorizan procesos por sobre decisiones drásticas. En ese cruce, la frustración crece y la confianza se erosiona.
Las salidas alternativas, como el pedido de pase a otra institución, funcionan en muchos casos como soluciones de compromiso. No son expulsiones formales, pero operan como tales. Y, nuevamente, el problema cambia de lugar sin ser abordado en su raíz.
El desafío, entonces, no pasa únicamente por reforzar controles o endurecer sanciones. Pasa por reconstruir el sentido de la escuela en un contexto social atravesado por la incertidumbre. Pasa por dotar a las instituciones de herramientas reales —psicológicas, pedagógicas y comunitarias— para intervenir antes de que el conflicto escale. Y, sobre todo, pasa por asumir que la seguridad no puede construirse a costa de la exclusión.
Porque cuando la escuela se limita a reaccionar, llega tarde. Y cuando excluye, fracasa.
Por Aldo Portugal para www.Matizando.com.ar
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