La Rioja: Nuevo Régimen para el Consejo de la Magistratura
La apuesta por acelerar y transparentar la justicia riojana
La Cámara de Diputados de la Provincia comenzó a tratar el proyecto de ley que impulsa concursos públicos, plazos máximos para cubrir vacantes y crea la Escuela de la Magistratura, elementos claves de la reforma constitucional promovida por el Gobierno provincial.
Con un claro objetivo de reducir la histórica mora judicial, profesionalizar la carrera de jueces y fiscales, y abrir los procesos a una mayor supervisión pública, ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de Ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura. Esta iniciativa se presenta como la bajada normativa de la reforma constitucional impulsada por la gestión del gobernador Ricardo Quintela y tendrá implicancias directas y positivas para la ciudadanía.
La propuesta busca, en lo inmediato, reducir la cantidad de cargos vacantes, clarificar los criterios de selección de magistrados y acelerar la respuesta del sistema ante presuntas irregularidades.
Concursos con plazos acotados y mayor publicidad
Uno de los ejes centrales del proyecto es la imposición de concursos públicos de antecedentes y oposición como regla ineludible para cubrir vacantes. Para combatir la dilación, el texto fija un plazo máximo de 120 días corridos para la resolución de un concurso, desde su convocatoria hasta la designación del nuevo funcionario, buscando evitar que la falta de jueces o fiscales extienda las demoras en las causas.
Otro pilar fundamental es la publicidad de los actos. Se establece que convocatorias, resultados de exámenes, expedientes de concursos, validaciones y denuncias tendrán carácter público, debiendo difundirse a través del Boletín Oficial y canales institucionales. Esta medida está diseñada para facilitar el control social y el acceso ciudadano a la información sobre la selección de quienes integran el Poder Judicial.
En materia disciplinaria, el proyecto también acorta los plazos. La Comisión de Disciplina deberá emitir un informe preliminar en un plazo de 15 días hábiles, y todo el procedimiento desde la denuncia hasta la eventual acusación se proyecta para resolverse dentro de 30 días hábiles. La intención es ofrecer respuestas administrativas más ágiles ante quejas contra magistrados.
Un cambio estructural: la Escuela de la Magistratura
Un cambio estructural de gran relevancia es la creación de la Escuela de la Magistratura. Este organismo será el motor de la formación, perfeccionamiento y acreditación de aspirantes y magistrados en funciones.
La acreditación de trayectos formativos específicos será una condición obligatoria para inscribirse en los concursos. La Escuela estará a cargo de desarrollar cursos, residencias y talleres enfocados en la mejora constante de la formación técnica, la ética y la capacidad de gestión dentro de los tribunales.
Finalmente, el nuevo régimen garantiza una integración plural del Consejo, con representación equilibrada del Ejecutivo, el Legislativo (incluida la minoría), el Poder Judicial, el Ministerio Público, la matrícula de abogados y el ámbito académico, buscando un balance entre el control y la participación institucional.
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