La Rioja le reclama a la Nación Deuda Millonaria
¿Un conflicto previsible en el ajedrez federal?
La provincia de La Rioja ha puesto en el centro de la escena política y económica un contundente reclamo al Estado nacional, exigiendo el pago de una deuda que supera los 850 millones de dólares. La «Casa de las Tejas», sede del gobierno provincial, denuncia que desde hace más de 18 meses no se remiten fondos extras que, según afirman, estaban garantizados en el presupuesto nacional de 2023, reconducido en dos ocasiones (para 2024 y 2025). Este conflicto, que ya ha escalado a la Corte Suprema de Justicia, revela las tensiones financieras latentes entre la administración central y las provincias, especialmente en un contexto de ajuste fiscal.
La cifra que esgrime La Rioja se desprende de la interrupción de un flujo de recursos que, históricamente, ha sido clave para las finanzas provinciales. Estos «fondos extras», explican desde el gobierno riojano, dejaron de enviarse con la asunción del gobierno libertario en la Casa Rosada en diciembre de 2023, a pesar de contar con un artículo presupuestario que los garantizaba y cuya existencia se remonta a 1999.
Un mecanismo histórico bajo la lupa
La génesis de estos recursos adicionales se remonta a la gestión del expresidente Raúl Alfonsín. Tras la cesión de un punto de coparticipación por parte de La Rioja a mediados de la década de 1980, la Nación implementó este mecanismo para compensar a la provincia. Si bien la cifra nominal ha variado a lo largo de los años, el envío de estos fondos se mantuvo ininterrumpidamente hasta la llegada de la actual administración nacional.
El debate sobre la naturaleza de estos fondos no es menor. En momentos de bonanza económica y crecimiento de la recaudación, la coparticipación suele ser la principal fuente de ingresos provinciales, ya que su valor se incrementa a la par del consumo y la actividad. Sin embargo, en escenarios de estancamiento o recesión, como el actual, los recursos extras adquieren una relevancia crucial. Su monto fijo los blinda de los vaivenes de la coyuntura económica, brindando una estabilidad financiera que la coparticipación, por su propia naturaleza, no puede garantizar.
La vía judicial y el pulso político
Frente a la interrupción de estos envíos, el gobierno provincial no se quedó de brazos cruzados y presentó una acción judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, el máximo tribunal aún no se ha expedido al respecto, dejando en un limbo la resolución de esta disputa que, más allá de los aspectos técnicos presupuestarios, tiene fuertes implicancias políticas.
El reclamo de La Rioja no es un hecho aislado. En el panorama político argentino, las provincias a menudo se ven en la encrucijada de equilibrar sus presupuestos ante las decisiones de la administración central. La interrupción de estos fondos extras pone de manifiesto la tensión entre la autonomía provincial y las políticas de ajuste nacional, reavivando el debate sobre el federalismo fiscal y la distribución de los recursos. La resolución de este conflicto no solo tendrá un impacto significativo en las arcas riojanas, sino que sentará un precedente sobre la dinámica de las relaciones interjurisdiccionales en el país.