Provincias Argentinas Unifican Esfuerzos por un Federalismo Financiero Genuino
En un paso trascendental hacia una reconfiguración de las relaciones fiscales entre el poder central y las jurisdicciones subnacionales, un amplio consenso de provincias argentinas, representada por sus gobernadores y vicegobernadores, ha impulsado un proyecto de ley destinado a garantizar una distribución de recursos más equitativa y federal.
La iniciativa, que emerge como un reflejo de las crecientes demandas de autonomía provincial, busca subsanar desequilibrios históricos en la asignación de fondos y fortalecer la capacidad de las provincias para definir sus propias políticas de gasto.
La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, fue una de las destacadas participantes en el encuentro nacional donde se selló este compromiso interprovincial. El documento firmado propone medidas concretas para desmantelar estructuras que, a juicio de las provincias, han centralizado excesivamente la gestión de recursos y han mermado su capacidad de acción.
Entre los puntos neurálgicos del proyecto se destaca la eliminación de fondos fiduciarios que actualmente se nutren del impuesto a los combustibles líquidos. La propuesta es que estos recursos, en lugar de ser canalizados a través de mecanismos centralizados, sean de libre disponibilidad tanto para la Nación como para las provincias, permitiendo a cada jurisdicción priorizar sus necesidades específicas. Esta medida apunta directamente a la desarticulación de instrumentos que, si bien pueden haber tenido una finalidad específica en su origen, han evolucionado hacia una gestión discrecional que las provincias perciben como lesiva para sus intereses.
Asimismo, la iniciativa aborda la controvertida distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El proyecto de ley exige que la asignación de estos fondos se realice en estricto cumplimiento de lo estipulado por la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548), buscando poner fin a lo que muchas provincias han denunciado como una utilización política de los ATN. La transparencia y la objetividad en su reparto son demandas centrales que buscan garantizar una previsibilidad en los ingresos provinciales.
En la misma línea de racionalización y equidad, se propone la disolución de fondos específicos como el de Infraestructura del Transporte y el de Infraestructura Hídrica. La lógica detrás de esta medida es que la gestión de estas áreas, si bien de vital importancia, debe integrarse en el esquema general de coparticipación o ser gestionada directamente por las provincias de acuerdo con sus planes estratégicos, evitando así la duplicación de estructuras y la dispersión de recursos.
El propósito último de esta ambiciosa propuesta legislativa es avanzar hacia un modelo de justicia distributiva que promueva un federalismo real. Esto implica no solo una mayor autonomía financiera para las provincias, sino también una mayor transparencia en el uso y la rendición de cuentas de los recursos públicos. La firma de este documento por parte de gobernadores y vicegobernadores de diversas extracciones políticas subraya la transversalidad de la demanda provincial por una recomposición del pacto fiscal federal.
La presentación de este proyecto al Poder Ejecutivo Nacional representa un hito en el diálogo interjurisdiccional y un claro mensaje sobre la urgencia de redefinir el esquema de coparticipación federal. El éxito de esta iniciativa podría sentar las bases para un sistema más justo, predecible y que empodere verdaderamente a las provincias en la construcción de su propio destino y el desarrollo de sus comunidades.