U$S del Colchón – Problemas en Diputados
El proyecto de ley de «presunción de inocencia fiscal», una de las apuestas fuertes del gobierno de Javier Milei para movilizar los «dólares del colchón» de los argentinos, se encuentra empantanado en la Cámara de Diputados. Pese a un «ampuloso anuncio» inicial por parte del vocero Manuel Adorni, la iniciativa lleva cuatro semanas sin siquiera lograr que se convoque a un plenario de comisiones para su discusión, un claro síntoma de las profundas tensiones que atraviesan el Congreso.
La Propuesta Gubernamental: Entre la Formalización y la Flexibilidad Fiscal
La esencia del proyecto se centra en incentivar el uso de capitales no declarados, buscando inyectar liquidez a la economía. Para ello, propone modificaciones significativas al Régimen Penal Tributario: los montos mínimos para ser investigado por evasión fiscal se dispararían de $1,5 millones a $100 millones para casos simples, y de $15 millones a $1.000 millones para evasión agravada. Además, se acortarían de cinco a tres años los plazos para que la AFIP (mencionada en el texto como ARCA) pueda exigir impuestos impagos o aplicar multas. El objetivo oficial es evitar que «gobiernos futuros puedan perseguir» a los contribuyentes por su situación patrimonial pasada.
La medida más audaz es la creación de un Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias. Dirigido a personas con ingresos inferiores a $1.000 millones y patrimonios menores a $10.000 millones, este esquema eliminaría la obligación de justificar el origen de fondos para consumos personales, como la compra de un automóvil. En la práctica, se permitiría a los contribuyentes declarar sus ingresos y gastos deducibles, pero sin que se investigue la procedencia de esos capitales.
El Estancamiento Político: Un Gobierno Minoritario y Relaciones Parlamentarias Deterioradas
El ambicioso cronograma del oficialismo, que preveía el tratamiento en comisiones para ir al recinto a principios de julio, está lejos de cumplirse. Aunque la Casa Rosada ya cuenta con el apoyo de 13 gobernadores para el Régimen Simplificado de Ganancias, el principal escollo reside en la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert. Con solo 6 diputados propios y el respaldo de sus aliados habituales (PRO, MID, parte de la UCR, Liga del Interior, Innovación Federal, Producción y Trabajo), el oficialismo necesita al menos tres firmas adicionales para dictaminar. Esos votos clave deberían provenir de Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, bloques que, hasta el momento, retacean su apoyo.
Las razones del impasse son múltiples y reflejan un complejo entramado de tensiones políticas. Los bloques «dialoguistas» acumulan resentimiento por lo que consideran un manejo discrecional de la agenda legislativa por parte de Espert y Martín Menem. Se les reprocha haber «cajoneado» el debate de la Ley de Leyes (el Presupuesto nacional) y, a la vez, intentar imponer con «apuro» iniciativas de interés oficial. Un «radical disidente» sentenció: «Así no funciona. Así de apuro como quisieron meter lo de AGN no va. No sé cuándo quieren dictaminar. Si es ya, la respuesta es no».
Además, la negociación se ve influida por otros factores. Desde Encuentro Federal advierten que el posible veto presidencial al aumento de jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad –aún pendiente de ratificación en el Senado– podría impactar negativamente en el diálogo. La falta de contacto y negociación por parte de los libertarios con estos bloques solo ha contribuido a ralentizar el proceso. La oposición sospecha, además, que el oficialismo busca dictaminar todo el proyecto junto –incluyendo la parte de Régimen Penal Tributario, que tiene más consenso– como una maniobra para forzar la aprobación del régimen simplificado, el cual genera «mayores dudas» y menor respaldo.
Análisis Económico: Entre la Inyección de Capital y la Ética Fiscal
Desde una perspectiva económica, la existencia de grandes volúmenes de «dólares del colchón» en Argentina es un síntoma de años de inestabilidad macroeconómica, alta inflación, desconfianza en el sistema financiero y una carga tributaria percibida como excesiva. El gobierno busca que esos fondos, estimados en cifras millonarias, se formalizen y reingresen al circuito económico, lo que podría generar un impulso significativo en el consumo, la inversión y la actividad general, sin recurrir a deuda o emisión.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas y dilemas éticos. La flexibilidad extrema en la justificación del origen de fondos y el drástico aumento de los umbrales para la evasión penal son percibidos por muchos como una amnistía fiscal encubierta o un «blanqueo». Esto plantea interrogantes sobre la equidad: ¿es justo para aquellos contribuyentes que han cumplido estrictamente con sus obligaciones? Existe el riesgo de que estas medidas socaven la moral tributaria a largo plazo, enviando el mensaje de que la evasión puede tener un «costo» bajo si se espera la oportunidad adecuada.
Además, la reducción de los plazos de investigación de la AFIP y el aumento de los montos para la evasión penal podrían dificultar la tarea de fiscalización sobre grandes capitales y transacciones, comprometiendo la capacidad del Estado para combatir el lavado de dinero y la evasión a gran escala. La formalización duradera de capitales no depende solo de incentivos, sino de la generación de confianza y estabilidad macroeconómica sostenibles en el tiempo. Sin ese marco, los «dólares del colchón» podrían volver a su refugio tan pronto como las condiciones cambien.
En definitiva, el proyecto de «dólares del colchón» es un ejemplo de las tensiones inherentes a la agenda del gobierno de Milei. Su capacidad para transformar la economía se ve directamente condicionada por su habilidad para navegar el complejo escenario político y forjar consensos, un desafío que, por ahora, parece estar empantanando sus iniciativas más ambiciosas.