Milei = Aumento del Desempleo, Cierre de Áreas, Centralización de Organismos Descentralizados
La Hoja de Ruta Desreguladora de Milei: Impacto, Desafíos y el Dilema del Empleo Estatal
El presidente Javier Milei, tras concluir su gira internacional de diez días, regresa al país para reactivar una agenda legislativa crucial, marcada por la inminente fecha de vencimiento de las facultades delegadas obtenidas a través de la Ley Bases. Con menos de un mes para el 8 de julio, el Gobierno busca promulgar una batería de aproximadamente 13 decretos que prometen una profunda reestructuración del Estado, con implicaciones significativas para la administración pública y, consecuentemente, para el empleo.
El Impulso Desregulador y sus Objetivos
Estos decretos se centran en la reducción del gasto, el cierre de áreas y la centralización de organismos descentralizados. Los ministerios de Economía y Salud son los principales focos de estas reformas. Organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), con sus más de 6.000 empleados y 450 sedes, se enfrentan a recortes presupuestarios, reducción de personal e incluso la posible venta de propiedades. También el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) están en la mira. En el ámbito de la salud, se busca eliminar la duplicidad de tareas en el Instituto Nacional del Cáncer (INC), trasladando sus funciones al Ministerio para «asegurar la continuidad de los servicios».
La justificación oficial de estas medidas, según figuras como Federico Sturzenegger, es eliminar la «burocracia infernal» y la duplicidad de funciones, argumentando que las tareas de organismos descentralizados, como contabilidad o liquidación de sueldos, pueden ser asumidas por áreas centrales. Esta premisa ya se aplicó en la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Desafíos Políticos y de Comunicación
La implementación de estas reformas no está exenta de obstáculos. El proceso de elaboración de los decretos es un «entuerto legislativo» que requiere el visto bueno de diversas áreas legales antes de su publicación. Además, el Gobierno califica estas medidas como «balas comunicacionales clave», estratégicamente dosificadas, dada su falta de iniciativa propia en el Congreso y su dependencia del rumbo económico. La coyuntura política, con eventos como la detención de Cristina Kirchner, ha llevado a los altos mandos a posponer la comunicación de algunas de estas decisiones, priorizando otras agendas.
El Alto Costo Social de la Reducción del Empleo Estatal
El texto revela una tendencia clara: la reducción del personal en la Administración Pública Nacional. Hasta abril de este año, la planta de contratados se redujo en casi 30.000 empleados, pasando de 322.197 a 292.801 en un año. Si bien el Gobierno enarbola la bandera de la eficiencia y el control del gasto, la evaluación de las consecuencias de dejar a miles de personas sin empleo es crucial y, a menudo, subestimada en el discurso oficial.
Desde una perspectiva económica, la pérdida masiva de empleos estatales genera un impacto directo y negativo en la demanda agregada. Menos salarios se traducen en menor consumo, lo que afecta directamente a los comercios y servicios, pudiendo intensificar la recesión económica. A nivel individual, las consecuencias son devastadoras: pérdida de ingresos, inestabilidad familiar, deterioro de la salud mental y un aumento de la pobreza. En un contexto de alta inflación y dificultad para encontrar empleo en el sector privado, la desocupación de ex-empleados públicos no solo agrava su situación personal, sino que también ejerce presión sobre los ya limitados servicios de asistencia social.
El texto justifica la reducción basándose en la eliminación de la «burocracia infernal» y la duplicidad. Sin embargo, no se menciona ningún plan de reconversión laboral, asistencia económica o programas de capacitación para los despedidos. Esto crea un dilema: si bien la eficiencia estatal es un objetivo loable, el costo social de un ajuste abrupto y sin redes de contención puede ser inmenso y, a largo plazo, contraproducente para la estabilidad social y económica.
Además, el descontento no se limita a los despedidos. Los monotributistas estatales, que se rigen por el Decreto 1109/17, expresan un «fuerte malestar» debido a la congelación de sus Unidades Retributivas desde octubre, rompiendo con su costumbre de dos aumentos anuales. Este congelamiento, sumado a la negativa presidencial de descongelar salarios para la plana mayor del Gobierno, ha llevado a la dificultad de retener personal calificado, lo que podría comprometer la operatividad y calidad de servicios públicos esenciales, incluso aquellos que el gobierno busca «asegurar».
En conclusión, la hoja de ruta desreguladora de Milei busca una transformación profunda del Estado en pos de la eficiencia y la reducción del gasto. Sin embargo, la implementación de estas medidas plantea serios interrogantes sobre el costo social de la reducción del empleo público. La tensión entre la búsqueda de un Estado más ágil y el impacto devastador en la vida de miles de familias, sin planes de mitigación explícitos, representa un desafío crucial para la sostenibilidad de estas políticas y la gobernabilidad en el mediano plazo. La pregunta que surge es si la «nueva era» propuesta por el gobierno está considerando adecuadamente el bienestar de aquellos que se verán directamente afectados por su implementación.