La Rioja al borde del colapso social: ¿40.000 despidos y sin alternativa productiva?
La provincia de La Rioja se encuentra en el ojo de la tormenta tras los recientes anuncios del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planteó la posibilidad de un despido masivo de 40.000 empleados públicos en el marco del «Plan Motosierra» del gobierno nacional.
Esta drástica medida, que afectaría a la administración central para «ahorrar sueldos y bajar los impuestos nacionales», ha encendido las alarmas en una provincia que, a diferencia de sus vecinas Mendoza, San Juan o Córdoba, carece de los recursos naturales y la infraestructura necesaria para absorber una avalancha de desocupados en el sector privado.
La propuesta de Sturzenegger, difundida en un canal de televisión, contempla mantener únicamente a los trabajadores de servicios esenciales como educación, salud, policía y justicia. Sin embargo, la vasta mayoría del empleo público en La Rioja, vital para la economía provincial, quedaría en riesgo.
Desde el gobierno riojano, la respuesta no se hizo esperar. El ministro de Producción, Ernesto Pérez, calificó la medida como un «ataque» a los riojanos, no solo al gobierno provincial. Pérez advirtió sobre una «fuerte presión» sobre el gobernador Ricardo Quintela para concretar los despidos en los próximos meses, y desafió a los dirigentes de La Libertad Avanza a explicar cómo piensan implementar una medida de tal magnitud en una provincia con una estructura productiva tan particular.
La preocupación central radica en el impacto social que generaría una cesantía de esta envergadura. La Rioja, históricamente dependiente del empleo público debido a su limitada diversificación económica y escasez de recursos naturales explotables a gran escala (a diferencia de provincias con fuerte industria vitivinícola, minera o agrícola), se enfrentaría a un escenario de colapso social inminente. Miles de familias quedarían sin sustento, y la infraestructura productiva privada actual no tiene la capacidad para ofrecer una alternativa laboral viable a un número tan elevado de personas.
El debate se intensifica, y la pregunta que resuena en cada rincón de La Rioja es: ¿está la provincia preparada para afrontar una crisis de esta magnitud sin caer en un profundo quiebre social? La confrontación de proyectos es evidente, y la ciudadanía exige respuestas claras sobre el futuro de su sustento y el de sus familias.