TRANSFERENCIA DEL AUTOMOTOR

Las resoluciones anunciadas por el ministerio de Justicia respecto al sistema registral tienen tres diferentes ámbitos de influencia: los registros y su funcionamiento, los beneficios para los usuarios y las reformas estructurales.

Si bien en el DNU del Poder Ejecutivo Nacional estipulaba que el 2 de mayo debía ponerse en funcionamiento un nuevo Registro Automotor digital de alcance nacional, cuyo funcionamiento debe ser remoto, abierto, accesible y estandarizado, un día después de vencido ese plazo, el Ministerio de Justicia de la Nación, del cual depende la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y Afines (Dnrpa), hizo públicas algunas disposiciones que van en esa dirección, algunas de las cuales son de aplicación inmediata. Se atacó la problemática en general, con decisiones que impactan en los Registros como dependencias en sí mismas, en los usuarios con menores trámites y costos, y en el sistema registral en su estructura, con procesos que permitan continuar después con la transformación más profunda que por ahora no se puede hacer

La más llamativa por la magnitud que tiene es la decisión de cerrar el 40% de los actuales Registros del Automotor, lo que implica unas 620 dependencias si se toma el dato de 1.554 registros en todo el país. Dentro de ellos, se cerrarán todos los que actualmente estaban intervenidos y con auditorías en proceso, algunas iniciadas hace más de dos años, y otros desde la asunción de la administración de Javier Milei. En la misma dirección, se decidió también reducir el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, dentro de un marco apropiado como el de ofrecer planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas

Estas dos medidas apuntalan las bases de la reforma del sistema registral de automotores, cuestionado por el Presidente durante su campaña electoral, en el que reiteradamente describió a los Registros del Automotor como “cajas de la política” y parte de la “casta que vive del Estado”. Reducirlos a poco más de la mitad sigue una lógica de achicar el gasto público y mantener el equilibrio fiscal, y podría considerarse el primer paso hacia el objetivo final que siempre ha sido cerrarlos completamente y reemplazarlos por una herramienta digital remota

Se complementan con otra anunciada también en la misma resolución, que determina que los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. Justicia se reserva el derecho de controlar en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros

Esta última medida, además de exigir un equilibrio entre ingresos y egresos de cada dependencia, tiene un tinte político, ya que, siguiendo la lógica del presidente, pretende revisar las conexiones o vinculaciones que pueda tener cada titular de un registro con el poder político actual o de tiempos pasados, lo que se ataca además en otra de las decisiones comunicadas por el Ministerio de Justicia, como es la de implementar un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. Además, se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

Por último, también se ha decidido derogar el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios. En estos insumos están las cédulas físicas y las placas de identificación, más conocidas como las chapas patente de los autos