El as de bastos y el poder
Una pregunta que hoy es común en la política argentina, y que inquieta a cada vez más ciudadanos/as, es cómo y por qué llegan a altas posiciones de gobierno y con poder decisorio ciertos personajes cuyos pasados, visiblemente antinacionales y turbios en muchos casos, permitirían sospecharlos como traidores a los intereses de la nación.
La respuesta a esa pregunta, en cada caso (y ya son muchos) no puede ser sino una conjetura: que llegan adonde están porque son propuestos por las patas neoliberales que el gobierno del FdT también tiene. Y patas que pueden llegar a ser como el cáncer, que, si no se extirpa rápido, hace metástasis.
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Y la Argentina no está para eso. De manera que por fuertes que sean los lobbies y muchas que sean las presiones, este país se diría que ya no tiene posibilidades de salir indemne de otro ciclo político que repita los errores cometidos desde la recuperación de la democracia.
La etiología de estos nombramientos es compleja. Propuestos probablemente por ciertos dirigentes de la derecha peronista, y/o por lobbistas, abogados, asesores económicos o comunicacionales, e «influyentes» de toda calaña que se especializan en el arte de tener amigos en todos lados –que es el modo de no tenerlos en ninguno y autodegradarse a meros buscas con tarjeta– es intolerable que algunos personajes con currículos impresentables para una gestión de emergencia nacional como la que encabezan Alberto y Cristina lleguen a posiciones de poder.
Tal el caso, de resonancia esta semana, del señor Carlos Manuel Bastos, quien desde abril de 1991 fue Secretario de Energía de la mano de Domingo Cavallo, responsable del planeamiento y ejecución de las primeras y antipopulares políticas públicas en ese sector, y quien jugó un papel protagónico en la privatización de YPF, Segba y Gas del Estado.
Por ello, en algunos ámbitos del neoliberalismo local se considera a Bastos como figura energética emblemática, porque elaboró los marcos regulatorios y comandó las privatizaciones de las empresas eléctricas y gasíferas, y como secretario de Energía de Menem fue quien decidió paralizar las obras de la central nuclear de Atucha II y de la hidroeléctrica Yacyretá. El señor Bastos, además, fue parte del proceso que intentó vender la represa de Salto Grande, que hubiera afectado intereses de la provincia de Entre Ríos y perjudicado a la Argentina.
En octubre de 1996 renunció a ese cargo, y a fines del siglo el gobernador cordobés José Manuel de la Sota lo nombró presidente de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC). En marzo de 2001 Fernando de la Rúa lo designó Ministro de Infraestructura y Vivienda, hasta que en diciembre de 2001 capotó dramáticamente el gobierno de la Alianza. A partir de entonces, Bastos sirvió a empresas privadas que demandaban por sumas millonarias a la Argentina, y en los 2000 se prestó a declarar en contra de nuestro país cuando tres empresas norteamericanas (Enron, AES Corporation y El Paso Energy) y la italiana Camuzzi le hicieron juicio a la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), tribunal que depende del Banco Mundial.
Como dato curioso para l@s lector@s de este diario, en estos días hacen tres lustros de una nota de Mayo de 2005 en la que se informaba que Bastos «se presentó como testigo» en esas demandas iniciadas contra nuestro país y «su tarea fue detallar qué garantías tenían esas empresas y cómo éstas fueron vulneradas por el Estado Argentino».
Diez años después y hace sólo cinco, en abril de 2015, diversas notas periodísticas informaron de su acercamiento «al equipo de asesores en energía» de Mauricio Macri, así como su apoyo al PRO para «trabajar en la planificación integral y visión estratégica” del sector energético.
