El Senado debate la reforma a la ley de riesgos de trabajo
De acuerdo con lo que se resolvió en la reunión de Labor Parlamentaria, la sesión comenzará a las 14.
La iniciativa obtuvo la semana pasada el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria, en una reunión de Comisión a la que asistió el ministro de la cartera laboral, Carlos Tomada.
En aquella oportunidad, el radicalismo había anunciado que iba a firmar el dictamen de mayoría, pero al día siguiente los integrantes de su bancada se arrepintieron y decidieron apoyar un expediente presentado por el interbloque del FAP.
El principal cambio que introduce la iniciativa a la actual legislación es el que establece lo que se conoce como la “opción excluyente” u “opción con renuncia”, según la cual el trabajador damnificado o sus familiares deberán elegir entre cobrar la indemnización de la ART o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil.
En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección “con renuncia” por parte de los damnificados.
El proyecto deroga, de ese modo, la llamada “doble vía”, o sea, la posibilidad actual de cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la justicia laboral.
Otro cambio importante es que se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo del fuero laboral al fuero civil. Además, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20 por ciento, a la vez que se fija una actualización de los montos en forma semestral.
La iniciativa también posibilita la formación de las llamadas ART-Mutuas sin fines de lucro entre las entidades de empresarios y los sindicatos.
Además, y con el fin de compensar el incremento de las tarifas, el proyecto fija un tope a los honorarios de los abogados en el 20%.
En tanto, la iniciativa impulsada por la oposición propicia derogar la Ley de Riesgos del Trabajo en vigencia y eliminar las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, además de mantener la posibilidad de los reclamos por la denominada “doble vía”.