Vicentin: el juez rechazó la intervención pero alienta la investigación penal
Por ahora, la empresa Vicentin seguirá controlada por los mismos directores que la llevaron a la actual situación, mientras que la «alternativa superadora» imaginada por el gobernador Omar Perotti para avanzar con una intervención acordada con la Justicia, quedó bloqueada. Pero los delitos penales denunciados por la inspección de justicia provincial deberan ser investigados por la Fiscalía. Este es el cuadro de situación que surge de la resolución que ayer tomó el juez comercial de Reconquista, Santa Fe, Fabian Lorenzini, que congeló el pedido de intervención judicial de la empresa pedido por la IGPJ provincial.
Esa decisión significa, en la práctica, que la causa principal, el concurso de acreedores, sigue su camino independientemente de la causa suplementaria, el «incidente» surgido de la apelación presentada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Esta presentación, hecha el viernes pasado y ampliada esta semana, objeta que se deje la conducción de la empresa en manos del grupo Vicentin dadas «las sospechas de haber cometido delitos bajo su gestión» y «varios de ellos están siendo investigados».
La respuesta del juez Lorenzini fue la apertura de un «incidente» paralelo a la causa central, que es el concurso de acreedores. Pero, al mismo tiempo, consideró que «ante tal aseveración» de la IGPJ respecto de delitos cometidos por los directores a cargo de la empresa, «me veo en la obligación de dar intervención al Ministerio Público de la Acusación para que, si lo considera necesario, inicie las investigaciones correspondientes en sede de la Justicia Penal».
De este modo, el juez de Reconquista, ex asesor legal de la sucursal local del Banco Nación, a través del cual Vicentin tramitó los millonarios créditos de prefinanciación de exportaciones que siguió recibiendo incluso después de incumplir el pago de los anteriores, volvió a fallar a favor de los intereses del grupo empresario cerealero en cuanto a mantener la conducción del complejo Vicentin. Pero, a su vez, deriva al fuero penal las acusaciones por delitos económicos que la propia Inspección de Justicia provincial hizo suyas.
La presentación de la inspección de justicia santafesina, que encabeza María Victoria Stratta, hace una serie de imputaciones a la conducción de Vicentin en cuanto a «eventual falta de idoneidad empresaria» por las consecuencias a la que han llevado a la empresa con su administración; y advierte sobre «los posibles perjuicios al interés general» que podrían provocar manteniéndose al frente.
Sin embargo, donde presenta los argumentos de mayor peso es cuando se refiere al «complejo entramado societario que requiere control» y a los múltiples ejemplo de cambio de titularidad de activos entre empresas y a favor de sociedades offshore, tanto de origen en el holding Vicentin como en los patrimonios personales de sus directivos. Cambios societarios que podrían devenir en eventual perjuicio para los acreedores, en tanto se resienta el capital que debe responder por las deudas de la sociedad.
Tal como fue formulada por la IGPJ, la presentación tiene visos de denuncia penal. Por lo cual, podría entenderse que el juez Lorenzini optó por cubrirse derivando la cuestión a la Fiscalía para que ésta determine si hay delitos penales y actué en consecuencia. No parece una buena noticia para los directivos de Vicentin, que podrán celebrar que hoy siguen al frente de la empresa, pero también evaluar que se abre un nuevo frente de batalla en el fuero penal. Esta vez, en su propia provincia.
Este viernes, el juzgado civil y comercial de Reconquista recibirá otros dos recursos de revocatoria y pedido de nulidad contra el fallo del viernes pasado que desplazó a la intervención lideradan por Gabriel Delgado. Uno de ellos será de la propia Intervención, el otro corre por cuenta de la Procuración del Tesoro de la Nación.
