El apriete de Trump impacta sobre los migrantes en México
La retórica xenófoba de Trump no queda sólo en las palabras. Desde que llegó a la presidencia de Estados Unidos tomó medidas que vuelven aún más vulnerable la situación de las personas migrantes. Sin ir más lejos el lunes pasado el gobierno emitió una nueva normativa que endurece los requisitos que necesitan los inmigrantes legales para obtener la residencia. Según informes de Amnistía Internacional, su política migratoria rompe tratados internacionales a los que el país está adherido. Las consecuencias son expulsiones ilegales de solicitantes de asilo, separación de miles de familias, detenciones arbitrarias y un aumento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Este fenómeno se potenció en la frontera con México. Al avance en la construcción del “muro de la vergüenza” que separa ambos países, se suma el “acuerdo” migratorio al que arrastró al gobierno de López Obrador. Trump le puso la soga al cuello a la economía mexicana en junio pasado, amenazando con aplicarle aranceles que irían del 5 al 25 por ciento a las exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Que pidió a cambio? México debería tomar medidas inmediatas para disminuir el caudal migratorio en la frontera.
En primer lugar, el gobierno mexicano aceptó recibir en su territorio a todos los migrantes que soliciten asilo para ingresar a Estados Unidos en la frontera. También se comprometió a desplegar más fuerzas policiales en su territorio. Dicho y hecho: 21.000 soldados de la Guardia Nacional (GN) fueron movilizados, 6.000 en la frontera sur -por donde acceden la gran mayoría de indocumentados- y unos 15.000 en el norte, donde comparte 3.200 km de frontera con Estados Unidos.
“La amenaza comercial fue disuadida poniendo en juego la vida de personas”, dice en diálogo con PáginaI12 Carolina Jiménez, Directora Adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional (AI). “Desde 2018 México se enfrenta a un fenómeno sumamente complejo: grandes caravanas de inmigrantes atraviesan su territorio buscando llegar a los Estados Unidos”, agrega. Acceden principalmente por la frontera sur, desde el denominado “triángulo norte” formado por Guatemala, Honduras y El Salvador. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se calcula que entre 400.000 y 500.000 personas entran irregularmente por esta frontera cada año.
“Las caravanas vienen huyendo de la violación a sus derechos humanos, escapando de la extrema pobreza, la violencia, en busca de protección internacional. Y al entrar en territorio mexicano se encuentran con el hostigamiento de la Guardia Nacional, que no está formada para tratar con gente en condición de vulnerabilidad y recurren al uso de la fuerza. Estamos viendo con mucha preocupación la deportación de inmigrantes sin que se haga un análisis de su situación”, dice Jiménez.
Los resultados de estas medidas no se hicieron esperar: mientras se anunciaban el acuerdo migratorio, miembros de las fuerzas policiales detuvieron a un grupo de 400 migrantes y solicitantes de asilo que caminaban pacíficamente en Chiapas, al sur de México. Los llevaron a un centro de detención saturado, y a muchos las deportaron al día siguiente sin explicarles adecuadamente su derecho a pedir asilo o explorar otras opciones migratorias.
Hace pocos días un salvadoreño fue baleado por la policía frente a su hija de ocho años en el estado norteño de Coahuilaen. La situación aún no esclarecida motivó a que López Obrador pidiera investigar el caso. Y eso no es todo. Según Amnistía, en la frontera sur se incrementaron las acciones de revisión migratoria y hay sobrepoblación en numerosos recintos del Instituto Nacional de Migración. Además, en la frontera norte los albergues están saturados y toda la infraestructura está siendo insuficiente ante el número de personas que llegan a diario. “Esta situación de incertidumbre y necesidad lleva a las personas a usar vías clandestinas para los cruces. Es sencillo, mientras más barreras ponés más posibilidades de que usen vías peligrosas. El impacto cae directo sobre las familias y es negativo”, señaló Carolina Jiménez.
Pero la política migratoria de Trump no está dejando en jaque solamente a México. También amenazó al gobierno de Guatemala con poner un impuesto a las remesas que envían a sus familias los guatemaltecos residentes en Estados Unidos. Ese ingreso representa nada menos que el 12 por ciento del PBI de Guatemala. Para que eso no ocurra Trump les “sugirió” convertirse en “tercer país seguro” de Estados Unidos. Esto implica que los inmigrantes a los que el gobierno norteamericano rechace darles la solicitud de asilo los enviará a un “tercer país seguro”, Guatemala, para tramitar allí nuevamente el pedido. Es decir que miles de inmigrantes podrían llegar al país centroamericano, cuando actualmente no es capaz de dar atención adecuada al flujo de migrantes existente.